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Bajar la Edad de Punibilidad a 13 Años en Argentina: Una Medida Controvertida y Contraproducente
La propuesta de reducir la edad de punibilidad a 13 años en Argentina ha generado un acalorado
debate en la sociedad y entre los expertos en derechos humanos, justicia juvenil y psicología del
desarrollo. Esta medida, lejos de solucionar el problema de la delincuencia juvenil, podría acarrear
consecuencias negativas profundas y duraderas para los adolescentes y la sociedad en general.

Consideraciones Legales y de Derechos Humanos.
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
Argentina es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece que
los menores de 18 años deben recibir un trato especial y protección. Esta convención enfatiza la
importancia de la rehabilitación y reintegración social de los menores, en lugar de su
encarcelamiento y obliga a los estado parte signatarios, la Argentina es uno, a abordar la
problemática desde la no judicialización punitiva. Reducir la edad de punibilidad a 13 años
contraviene estos principios, ya que implica tratar a niños de tan solo 13 años como adultos en el
sistema penal.

Jurisprudencia Internacional
Muchos países que respetan los derechos humanos han establecido edades mínimas de
responsabilidad penal más altas. La recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la
ONU (Observación N° 24, 2019) manifiesta que la edad mínima no debería ser inferior a 14, e
insta a los estados a que fijen una edad más elevada, por ejemplo, 15 o 16 años, y no reducirla
“…en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención”. De esta
forma, reducirla a 13 años en Argentina podría resultaría un retroceso en materia de derechos
humanos, contraviene los estándares internacionales que abogan por la protección integral de los
menores, y compromete su responsabilidad internacional frente a los diferentes organismos.

Desarrollo Cognitivo y Emocional
-Inmadurez Neurobiológica
Los estudios neurocientíficos demuestran que el cerebro de los adolescentes está en pleno
desarrollo, especialmente en áreas cruciales para el control de impulsos y la toma de decisiones,
como la corteza prefrontal. A los 13 años, los jóvenes aún están consolidando habilidades
esenciales para la autorregulación y el juicio moral. Esta inmadurez biológica significa que los
adolescentes son más propensos a comportamientos de riesgo y tienen dificultades para evaluar
las consecuencias de sus acciones de manera efectiva.

-Capacidad de Entendimiento y Responsabilidad
Los adolescentes más jóvenes tienden a actuar por impulsos y son más susceptibles a la
presión de sus pares. Su juicio moral aún no está completamente desarrollado, lo que
afecta su capacidad para tomar decisiones informadas y responsables. La falta de madurez
cognitiva y emocional en esta etapa de desarrollo hace que la imputabilidad a una edad
tan temprana sea desproporcionada e ineficaz.

Impacto Psicológico y Social
-Consecuencias del Encarcelamiento
Encarcelar a niños de tan solo 13 años puede tener graves consecuencias psicológicas. La
privación de la libertad a una edad tan temprana puede interrumpir el desarrollo normal, agravar
problemas de salud mental y reducir las oportunidades de educación y empleo en el futuro,
perpetuando así un ciclo de marginalización y delincuencia.

-Estigmatización y Marginalización
La criminalización de adolescentes tan jóvenes puede aumentar la estigmatización y la exclusión
social, dificultando aún más su reintegración en la sociedad. La estigmatización puede conducir
a una mayor marginalización y, en consecuencia, a una mayor propensión a la delincuencia.

Alternativas al Encarcelamiento
Programas de Justicia Juvenil Orientados a la Rehabilitación
En lugar de bajar la edad de imputabilidad, se deberían considerar alternativas que han
demostrado ser más efectivas, como programas de justicia juvenil orientados a la rehabilitación,
la mediación y la reintegración social. Estos programas pueden incluir:
     – Justicia Restaurativa: Se centra en reparar el daño causado por el delito a través de la
mediación y la reconciliación entre el infractor y la víctima, ayudando a los jóvenes a
entender las consecuencias de sus acciones y asumir responsabilidad de manera
constructiva.
     – Terapia y Consejería: Proveer apoyo psicológico y terapéutico a los jóvenes puede
ayudar a tratar problemas subyacentes de salud mental, traumas y comportamientos
problemáticos, lo que reduce la probabilidad de reincidencia.
     – Reforma de los Instituto de Menores. Actualmente, los institutos de detención de los
menores no tienen políticas orientadas a la recuperación de los adolescentes detenidos.
Cabe destacar, que el adolescente Juan Pablo Kukoc asesinado por Chocobar había salido
de Instituto de Menores San Martín, en la calle Baldomero Fernández Moreno, en el
barrio de Flores, y que había sufrido abusos.

Acceso a Educación y Capacitación Laboral
     – Programas Educativos: Iniciativas que mantienen a los jóvenes en el sistema educativo
son cruciales. La educación proporciona una estructura y una perspectiva de futuro,
reduciendo la atracción hacia actividades delictivas.
     – Capacitación Laboral: Ofrecer programas de formación y habilidades laborales prepara
a los jóvenes para el empleo y la autosuficiencia, disminuyendo el riesgo de recurrir al
delito por falta de oportunidades económicas.

Apoyo y Mediación Familiar
     – Intervenciones Familiares: Trabajar con las familias para mejorar la comunicación y las
relaciones puede ayudar a estabilizar el entorno del joven. Programas de mediación
familiar pueden resolver conflictos y fortalecer los vínculos familiares, proporcionando
un sistema de apoyo más sólido.
     –  Asistencia Social: Proveer recursos y asistencia a familias en riesgo puede mitigar
factores como la pobreza y la desintegración familiar que son comunes en entornos donde
la delincuencia juvenil es prevalente.
     – Programa de Ayuda en las adicciones. Proveer de centros especializados gratuitos para
las familias de bajo recurso. El centro debe proveer herramientas de ayuda para todos los
adolescentes y su familia para tratar el tema de adicciones a las drogas, alcohol y
ludopatía.

Abordar las Causas Subyacentes
Inclusión Social y Prevención
     – Políticas de Inclusión Social: Implementar políticas que promuevan la igualdad de
oportunidades y reduzcan la pobreza es fundamental. Los jóvenes de entornos
desfavorecidos a menudo recurren al delito por falta de alternativas viables. La inclusión
social puede romper este ciclo.
     – Prevención Comunitaria: Involucrar a las comunidades en programas de prevención y
desarrollo puede crear un entorno más seguro y de apoyo para los jóvenes. Iniciativas
comunitarias pueden proporcionar actividades constructivas y redes de apoyo.

Educación y Apoyo Familiar
     – Mejorar el Acceso a la Educación: Cuidar y fortalecer la trayectoria educativa de las y
los niñas/os y adolescentes es una política pública y permite la igualación en la sociedad
acercándonos al imperativo de las normas de derecho internacional en la materia. Las
escuelas deben ofrecer programas de apoyo para estudiantes en riesgo de abandonar o
caer en conductas delictivas.
     – Fortalecimiento de la Familia: Programas que apoyan a las familias proporcionando
recursos y asesoramiento pueden ayudar a crear un entorno estable y protector para los
jóvenes.

Conclusión
Bajar la edad de imputabilidad a 13 años en Argentina es una medida que presenta más problemas
que soluciones. Esta campaña viene acompañada por crónicas periodísticas que acrecientan los
delitos cometidos por los adolescentes para capitalizar los temores y prejuicios de la sociedad y
legitimar el reclamo de una mayor represión y aumento de penas. Estos discursos, aunque
efectivos a la hora del impacto mediático, no tienen respaldo de datos veraces que permitan
afirmar que el aumento de inseguridad se deba justamente a los delitos cometidos por los
adolescentes.
El régimen actual impone una actuación diferenciada según la edad del adolescente, para los
menores de dieciséis años los cataloga como “no punibles”, es decir, que no se puede imponer
una sanción Código Penal, lo cual no implica desatender el problema ni evitar el tratamiento del
“delito”. La actual norma autoriza a “disponer” (provisoria o definitivamente) de los mismos, en
caso de comprobarse que se encuentran en “situación irregular” definida mediante conceptos
vagos y ambiguos como: situación de abandono, peligro material o moral, problemas de conducta,
falta de asistencia, etcétera (art. 1 y 2, Ley 22.278/22.803).
Para los mayores de dieciséis años se establece un régimen de punibilidad en los mismos términos
que para los adultos en los delitos de acción pública con más de dos años de prisión. Esto significa
que no existe distinción entre las penas aplicables a los adolescentes de 16 y 17 años y las
aplicables a los adultos. Como consecuencia de ello, en la Argentina se han dictado penas de
prisión y reclusión muy extensas e incluso hasta perpetuas por delitos cometidos por jóvenes antes
de cumplir los 18 años de edad.
En lugar de enfocarse en el castigo, es crucial invertir en programas de rehabilitación y prevención
que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil. La protección de los derechos del
niño y la promoción de su desarrollo integral deben ser prioridades en cualquier política destinada
a abordar la criminalidad juvenil. Implementar programas de justicia juvenil, educación,
capacitación laboral y apoyo familiar ha demostrado ser más efectivo para reducir la delincuencia
juvenil y fomentar la reintegración social. Estas medidas no solo respetan los derechos de los
adolescentes, sino que también abordan las causas subyacentes de la criminalidad, contribuyendo
a una sociedad más justa y segura.

ASOCIACIÓN CIVIL MOVIMIENTO NO MATARAS
Miembro integrante del Consejo de Prevención de para la prevención de la tortura y otros trato o
penas crueles, inhumanos o degradantes de la ciudad de buenos aires.

Coordinación:
Dr. Alexis Román Kalczynski, representante del Mov. No Matarás en el Consejo.
Colaboradores:
Dra. Griselda Andrea Iglesias
Dra. Agustina Comaschi
Dra. Maria Daniela Sayago
Dr. Gonzalo Gastiazoro
Lic. Débora Banegas
Nadia Banegas